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Las pymes extremeñas tendrán hasta mayo para adaptarse al nuevo reglamento de protección de datos

Las empresas y autónomos extremeños tienen de plazo hasta el próximo 25 de mayo para adaptarse a las exigencias del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGDP). La nueva normativa sustituirá a la actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y prevé sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual (la cuantía de mayor importe).



El nuevo reglamento europeo afectará a también a instituciones públicas y organizaciones que ofrezcan servicios al ciudadano que, al igual que las empresas y autónomos, tendrán que ponerse al día con las nuevas obligaciones que se recogen en el RGDP con el que se quiere dar mayor poder a los interesados sobre sus datos personales.

En el caso de las sociedades extremeñas, el director del Área TIC del Grupo Gefiscal, José Manuel Machacón, considera que adaptarse a la nueva normativa comunitaria implica cambios con respecto a la actual. El nuevo reglamento europeo "exige ser mucho más riguroso respecto al consentimiento requerido para realizar el tratamiento de datos personales de clientes y proveedores y este consentimiento debe ser libre, informado, específico, inequívoco, fácil de entender y expresarse en un lenguaje claro y sin ambigüedades", explica.

La entrada en vigor del nuevo Reglamento supone un mayor compromiso de las empresas y organizaciones con la Protección de Datos. Para ello, todas las organizaciones que procesan datos deben efectuar un análisis de riesgo de sus tratamientos para poder establecer qué medidas han de aplicar y cómo hacerlo.

Para entidades del sector público, grandes empresas y aquellas otras empresas cuya función principal consista en actividades de tratamiento aplicar el nuevo reglamento implica nombrar a un Delegado de Protección de Datos (DPO).

Por ello, Machacón recomienda que las pymes y autónomos extremeños "comiencen cuanto antes la adaptación a los nuevos requerimientos", y eviten el riesgo de sufrir un procedimiento sancionador que afecte no solo a la tesorería de la empresa sino también a su imagen reputacional.

En este sentido, el experto indica que la "mejor recomendación es contar con el asesoramiento de buenos profesionales que faciliten la implementación segura y efectiva de los trámites y cambios necesarios".

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