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El Congreso respalda rediseñar las políticas de empleo joven y un nuevo contrato en prácticas

El Pleno del Congreso ha respaldado la propuesta del PSOE para rediseñar las políticas de empleo joven con itinerarios personales de inserción y una renovación de la normativa en prácticas, así como penalizaciones y bonificaciones a las empresas, en un texto que ignora el complemento salarial pactado por PP y Ciudadanos.
El texto finalmente aprobado es consecuencia de la interpelación dirigida en diciembre por los socialistas a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y en ella se insta al Gobierno a evaluar, junto a patronal y sindicatos, los resultados de las políticas desarrolladas en materia de empleo joven y a impulsar su renovación.

La Cámara Baja ha respaldado estas propuestas a pesar de que el Gobierno ya tiene pactado con Ciudadanos y con los agentes sociales el grueso de la estrategia de empleo joven, con un complemento de 430 euros para jóvenes en contrato de formación. Tras anunciar el pasado mes de junio el acuerdo con la formación naranja para impulsar esta ayuda, el Gobierno la acordó con CC.OO., UGT, CEOE y CEPYME bajo la denominación de ‘Bono Garantía Juvenil’, dentro de una serie de acuerdos.

En el texto aprobado, el Congreso reclama que antes del 31 de marzo el Gobierno analice en el marco del diálogo social los resultados de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, con resultados cuantitativos sobre los jóvenes inscritos en los planes de empleo.
Esta evaluación debe incluir una comparación con el resto de países de la Unión Europea, la ejecución anual de los fondos de la Garantía Juvenil, y orientaciones y propuestas para mejorar la inserción laboral de los jóvenes, así como acciones a desarrollar en el ámbito docente y formativo.
FOMENTO DEL CONTRATO EN PRÁCTICAS, INCENTIVOS Y PENALIZACIONES
Asimismo, demanda que este análisis sirva para renovar, junto a patronal y sindicatos, esta Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven con reformas normativas y nuevas medidas, basadas principalmente en un mayor seguimiento de la inserción por parte de la Administración y una renovación de la normativa referida a las prácticas.

Así, pide derogar la regulación de las prácticas no laborales en empresas para jóvenes con titulación oficial, pues cree que esta norma “posibilita su explotación laboral”, y piden que estas relaciones se articulen a través de un contrato en prácticas, fórmula que piden fomentar.

Asimismo, llama a revisar el decreto de prácticas académicas externas de estudiantes universitarios, con el fin de eliminar las prácticas no laborales extracurriculares, así como los programas de becarios.

También pide revisar los contratos de formación y aprendizaje para mejorar la cualificación y competencia profesional de los jóvenes, el contrato relevo –con jubilación parcial a los 61 años– y promover la incorporación a la empresa con incentivos a la contratación indefinida, la reconversión de temporales y a tiempo completo. Además, pide penalizar a las empresas que abusen de los contratos de formación y aprendizaje “con el único fin de beneficiarse de los beneficios de exenciones y bonificaciones”.

OFICINAS CON ORIENTADORES Y SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO
Por otro lado, el texto aprobado pide que la Administración juegue un papel más activo en la empleabilidad de los jóvenes, pues reclaman articular un itinerario personal de inserción, con seguimiento y evaluación de las actuaciones y que atienda a la cualificación e inserción de estas personas “mediante contratos de trabajo que les garanticen un empleo de calidad y un salario digno”.

En este sentido, demanda impulsar una red pública de oficinas de empleo “con mayores dotaciones económicas” y con orientadores especializados con formación y experiencia necesaria para ajustar los perfiles individuales desarrollados a las necesidades del mercado de trabajo, así como para hacer un seguimiento de las personas que abandonen los programas de empleo.

Asimismo, quiere que los resultados de estas políticas queden reflejados cada año en un informe que analice la ejecución de estas acciones y su impacto sobre el mercado laboral y el ámbito formativo.